La Pandemia del Covid-19 en nuestro país desnudó una realidad delicada y compleja que el Estado debe corregir de forma urgente; bajo un aparente manto de estabilidad económica se esconde una desprotección brutal de la denominada “clase media” ante eventos de inestabilidad externa que puedan afectar el empleo local.

El Gobierno ha hecho cuantiosos esfuerzos ante un escenario complejo, enfocando la ayuda, como es obvio, hacia los grupos más vulnerables, pero incorporando además por primera vez en nuestra historia, a las capas medias afectadas por la emergencia, revelando la desprotección en la que se encuentran.

En tiempo récord se ha levantado una -hasta hace poco inexistente- Red de Protección Social, a través de una inyección de recursos que supera los 15 mil millones de dólares, equivalente al 2,5% de nuestro Producto Interno Bruto; un esfuerzo único en la región, comparable sólo con lo realizado por Brasil, la economía más grande del Cono Sur.

En vigencia al mes de diciembre, hay al menos 9 herramientas destinadas a este grupo: el Préstamo Solidario para la Clase Media, La Ley de Protección al Empleo, el Subsidio al Empleo y el Crédito Fogape, entre otras; pero bien sabemos que los esfuerzos por amplios que sean, en momentos de incertidumbre y emergencia, siempre serán insuficientes.

Por ello, hemos insistido en robustecer la Red Integral de Protección Social, constituyendo un verdadero modelo de gestión intersectorial que estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia para coordinar los diferentes programas e instrumentos para acompañar y proteger a quienes se encuentren en riesgo de caer en una situación de vulnerabilidad.

Entre abril y diciembre ingresaron más de 1 millón de familias al Registro Social de Hogares, contabilizando así un total de 6,4 millones; el aumento supera un 32% al 2019, convirtiéndose en el porcentaje más alto desde su implementación en 2016.

Avancemos con la urgencia que el país requiere, porque la emergencia es hoy.

Alejandro Santana

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