Un grupo de senadores y senadoras de oposición presentó un proyecto para indultar a las personas detenidas por delitos cometidos en el marco del “estallido social”. Creo que es un proyecto equivocado, por las razones que paso a exponer.

El “estallido social” ha sido interpretado como una revuelta popular contra la injusticia y los abusos. Muchas de las demandas allí expresadas son legítimas. Pero como casi todo, la protesta tiene dos caras: una pacífica y constructiva -como la histórica marcha del 25 de octubre de 2019- y otra destructiva, que produjo niveles de daño y destrucción que todavía lamentamos.

La dimensión constructiva de la protesta ha sido procesada institucionalmente: nos encontramos ad portas de un proceso constituyente que busca reconstruir el pacto político nacional. Pero ninguna democracia funcional puede soslayar la dimensión destructiva, como si ésta nunca hubiese ocurrido.

Lo que sabemos es que las personas detenidas no son “presos políticos”, como algunos han sostenido, sino acusadas de graves delitos como incendios y destrucción de la propiedad pública y privada. En Chile, ninguna persona es encarcelada por sus creencias políticas ni por disentir de las autoridades.

Es cierto que muchos de esos detenidos continúa en prisión preventiva, la que debiera ser excepcional en un país donde rige el principio de inocencia y el debido proceso. No obstante, los propios expertos han dado cuenta de que la dilación en estos juicios no es mayor que la que tomaban antes del estallido social, lo que descarta cualquier tesis de intencionalidad política. Son los tribunales independientes de justicia los que han determinado esta situación procesal y no el gobierno de turno.

En este sentido, el Presidente Piñera hace lo correcto cuando anticipa un veto, de prosperar el proyecto.
Se ha sugerido que estos detenidos deberían gozar de un privilegio procesal en atención a la noción de “justicia transicional”. Sin embargo, esta noción se aplica a procesos de paz y reconciliación, muy distintos al caso chileno. Ninguna convicción, por más sincera que sea, autoriza a romper las reglas vigentes. Lo contrario implica suspender el estado de derecho cada vez que alguien reclame las promesas incumplidas de la democracia. Se trata, además, de una propuesta discriminatoria, que daría un trato preferente a quienes cometieron determinados delitos por sobre otros que incurrieron en los mismos, en un contexto distinto.

¿Cómo le explicamos una medida como ésta a las más de 14 mil pymes saqueadas y atacadas, a esos emprendedores y emprendedoras cuyos sueños fueron truncados y a millones de chilenos y chilenas que sufrieron en carne propia los daños por más de US$1.400 millones a la infraestructura pública? ¿Qué mensaje damos a los vecinos de la zona cero que han padecido la angustia y el encierro para resguardarse de estos grupos violentos? Quienes están detrás de esto, deben ser juzgados por los tribunales de la misma forma que deben enfrentar la justicia aquellos funcionarios de las fuerzas de orden que se alejaron de su mandato y perpetraron graves violaciones a los derechos humanos.

Podemos entender que familiares y sectores cercanos a los protagonistas de esa violencia quieran a sus seres queridos en libertad. Pero es incomprensible que autoridades y legisladores entreguen una señal tan torcida, que propenda a la impunidad y la normalización de la delincuencia.

En democracia, la única vía para producir transformaciones es pacífica y de acuerdo con las reglas del estado de derecho. Estas no están diseñadas para oprimir, sino para dar a todos las mismas garantías. Saltárselas es burlar la igualdad ante la ley. Eso es precisamente lo que hace este proyecto de indulto, que atenta contra la esencia misma de un orden democrático.

Marcela Sabat

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