El estado de derecho, caracterizado por una efectiva vigencia de los derechos fundamentales, es un elemento esencial de la democracia.
Es obligación primordial del Estado promover la paz social y garantizar la seguridad individual y colectiva. La paz social es un valor que debe ser protegido desde el orden político, con el propósito de construir una sociedad justa, en la cual las personas establecen relaciones de dignidad y respeto, basados en los derechos fundamentales del ser humano.
La acción delictual es siempre condenable, sin importar las consideraciones políticas, ideológicas o de cualquier otra índole que se hagan valer para justificarla.
A la ciudadanía debe garantizársele siempre el expedito acceso a una administración de Justicia oportuna e independiente, a un debido proceso y una adecuada defensa jurídica. Las víctimas de la acción delictual deben contar con el apoyo del Estado para el efectivo ejercicio de sus derechos.
El terrorismo, cualquiera sea su origen o motivación, constituye una violación de los derechos humanos y afecta gravemente la convivencia social, razón por la cual debe ser combatido a través de una acción policial eficaz y una legislación adecuada.
