La libre competencia favorece el bienestar social, la eficiencia económica y la correcta asignación de recursos. El Estado tiene la obligación de preservarla, resguardándola de toda conducta que la afecte o amenace, tales como la acción de los monopolios, las concertaciones destinadas a fijar precios y asignar cuotas de mercado, los abusos de posición dominante y el establecimientos de precios predatorios.

RN rechaza categóricamente las prácticas contrarias a la libre competencia, al correcto funcionamiento de los mercados, al ejercicio efectivo de los derechos de los accionistas minoritarios, y en general toda conducta constitutiva de abuso, ya que son factores activos de deslegitimación de la economía social de mercado. Asumimos el mercado como un espacio para la asignación de recursos y promovemos su buen funcionamiento, respetando su articulación y diferenciándolo claramente de las empresas.

La defensa de los consumidores hace necesaria la prudencia en la libertad contractual para cautelar el indispensable equilibrio entre las partes, afectado por asimetrías en la información y dispar capacidad negociadora. Ello implica, entre otras materias, la prohibición de incorporar cláusulas arbitrarias en los contratos, la obligación de los proveedores de proporcionar adecuada información a sus clientes y la irrenunciabilidad de los derechos establecidos en favor de los consumidores.

En estos tres aspectos y en los casos que corresponda, en RN estaremos siempre vigilantes al comportamiento del Estado cuando deba actuar como proveedor de algún bien o servicio, cuando deba actuar en el mercado como un actor más o cuando deba relacionarse con los consumidores para evitar daños a la libre competencia, defensa de consumidores o abusos generados por su acción o inacción.