El espacio público de una sociedad democrática se fortalece al configurarse conforme a los principios de participación, transparencia y probidad.
La participación permite que la ciudadanía intervenga en la toma de decisiones públicas, contribuyendo a la adecuada elaboración e implementación de las mismas y reafirmando su legitimidad social. Por lo mismo, debe ser promovida en todos los niveles.
La transparencia asegura el carácter público de las actuaciones y resoluciones de la Administración del Estado, así como garantiza el derecho efectivo para acceder a éstas por parte de la ciudadanía, siendo un elemento eficaz para evitar la corrupción. Los órganos públicos deben difundir toda información relevante relativa a su quehacer.
La probidad asegura una actuación funcionaria de todas las autoridades del Estado, orientada siempre a la cautela del interés superior, en el marco de una gestión ajustada al orden jurídico, inspirada en un actuar razonable e imparcial, alejada de todo conflicto de interés y caracterizada por una efectiva y oportuna rendición de cuentas a la ciudadanía.
