En relación a la grave situación de inseguridad y terror que se vive en la macro zona sur, la Comisión Política de Renovación Nacional acuerda lo siguiente:
1. Lamentamos que el Gobierno del Presidente Boric haya resuelto no renovar el estado de excepción constitucional, sin ofrecer ningún tipo de plan alternativo para brindar mayor seguridad a los habitantes de esa zona, que vienen sufriendo por décadas los efectos de grupos terroristas y delictuales que amenazan sus vidas, sus bienes y sus fuentes de trabajo.
2. Más lamentables aún resultan las improvisaciones, como la fallida visita de la Ministra del Interior a Temucuicui, agravadas por la decisión de no ejercer las acciones penales a las que la Ministra está obligada. No conforme con esto, la acción del Gobierno es aún más grave y debilita el estado de derecho al otorgar beneficios carcelarios a delincuentes emblemáticos de la violencia política y desautorizando a la Justicia otorgando status de presos políticos, a quienes han sido condenados por delitos comunes debidamente tipificados en el Código Penal.
3. El Gobierno ha insistido en la necesidad de escuchar a la ciudadanía. Sin embargo hace oídos sordos del clamor ciudadano en Araucanía que pide paz y orden; basta observar el resultado de la consulta ciudadana, organizada por la Asociación de Municipalidades de la Araucanía, que arrojó un 80% de preferencias por el estado de excepción.
4. Estamos conscientes de que la colaboración de las Fuerzas Armadas no es la solución definitiva a un problema multifactorial que requiere de un esfuerzo conjunto del estado y la sociedad, incluido el dialogo con todos quienes no utilicen ni validen la violencia. Pero es del todo evidente que los estados de excepción constitucional son una herramienta institucional legítima que en este caso ha contribuido a disminuir la cantidad de atentados y hechos delictuales, devolviendo en parte, la sensación de seguridad a una población que no se merece el desamparo y el abandono del Estado y del Gobierno.
5. Renovación Nacional exige al gobierno rechazar categóricamente la violencia, combatirla y sancionarla, respaldando con claridad la institucionalidad, separando nítidamente el accionar de los grupos violentos de los esfuerzos genuinos para encontrar soluciones a los temas culturales, identitarios y socioeconómicos implicados en este conflicto.
Sesión Ordinaria Comisión Política RN
Santiago, 28 de marzo de 2022
