La Contraloría General de la República emitió un dictamen en respuesta a un oficio enviado por diputados de Renovación Nacional, en el cual se alerta sobre una posible irregularidad en la renuncia del ex Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, Carlos Contreras.
En el oficio destaca que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo aceptó la renuncia de Contreras sin instruir previamente un sumario por las denuncias de posibles irregularidades en la celebración y ejecución de convenios de transferencias de recursos entre la SEREMI, el Servicio de Vivienda y Urbanización de Antofagasta, y la Fundación Democracia Viva. Estas denuncias apuntan a una falta de probidad en la actuación del ex SEREMI.
La Contraloría resalta en su respuesta a los diputados de RN Ximena Ossandón, Camila Flores, Frank Sauerbaum, Eduardo Durán, Miguel Becker Alvear y José Miguel Castro Bascuñán, que, de acuerdo con el artículo 157 de la ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, la responsabilidad administrativa de un funcionario no se extingue automáticamente al cesar en sus funciones, especialmente si existe un sumario administrativo en curso en el que esté involucrado dicho funcionario. En este sentido, se hace hincapié en la importancia de investigar y determinar las posibles responsabilidades administrativas antes de proceder con la aceptación de la renuncia.
Según trascendió, Contreras puso su cargo de Seremi a disposición el 17 de junio, el sumario administrativo para indagar las denuncias en su contra fue instruido el 20 de junio y la renuncia formal fue recién el 22 de junio.
La entidad de control subraya la diferencia entre la presentación de una renuncia y la puesta a disposición del cargo por parte de un funcionario de confianza, enfatizando que la puesta a disposición mediante correo electrónico no equivale a una renuncia formal y que, en casos donde un sumario administrativo ya esté en curso, debe continuar hasta su término incluso si el funcionario pone su cargo a disposición.
En este sentido, la Contraloría insta al Ministerio del Interior y Seguridad Pública a difundir adecuadamente esta instrucción entre los servicios públicos, a fin de que las autoridades pertinentes velen por la correcta aplicación de este procedimiento en situaciones similares.
Sobre la materia, el jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, mencionó que “vemos con preocupación cómo este gobierno ha instalado una lógica de sillitas musicales, donde se hace un show de una renuncia que después le permite a los involucrados reubicarse en otro cargo a la espera que pase el ruido.”.
“Hicimos la presentación en Contraloría porque nos pareció del todo irregular que el ex-Seremi haya renunciado a la Seremia de Vivienda de Antofagasta antes de asumir sus responsabilidades políticas y administrativas a través del sumario respectivo. Por lo tanto, evadió eventuales responsabilidades en lo sucedido, evitando también de paso alguna medida disciplinaria que le impidiera seguir ejerciendo cargos en otros ministerios o en otros lugares del fisco. Por lo tanto, nos da la razón la Contraloría, esto no debió haberse aceptado de parte del Ministerio de Vivienda y vamos a pedir también que el Ministro de Vivienda responda ante esta clarificación que ha hecho la Contraloría”, agregó Sauerbaum.
Por su parte, José Miguel Castro, diputado por Antofagasta, señaló que “la gravedad de lo ocurrido en Antofagasta no permite que se acepte la renuncia sin más trámite. Afortunadamente, a pesar de la reacción tardía del gobierno, el Seremi Contreras se verá afectado por el resultado del sumario y seguramente quedará inhabilitado para ejercer labores en la Administración del Estado”.
“Es por esta razón que hemos establecido una comisión investigadora, la cual ya ha remitido todos los requerimientos necesarios al ministerio público. Nos comprometemos a realizar un trabajo exhaustivo con el objetivo de arrojar luz sobre los hechos”, dijo el parlamentario.
Finalmente, el diputado Eduardo Durán, firmante del oficio a Contraloría, argumentó que “la respuesta del contralor es tranquilizadora porque el fallo deja claramente establecido que ninguna autoridad puede renunciar o ser pedida su renuncia sin que antes exista seguridad de que no cometió falta o negligencia en el ejercicio de su cargo . Es decir que lo que prima es el principio de responsabilidad pública, algo que este gobierno tendrá que aplicar para todos los casos. Sumariar a alguien que tiene participación en algún caso de falta de probidad es un piso mínimo sobre todo para esta administración que está salpicada por claros de hechos de corrupción”.
