La bancada de Renovación Nacional, representada por sus jefes Frank Sauerbaum y Marcia Raphael, oficiaron a la Contraloría General de la República y al Consejo para la Transparencia (CPLT), para que fiscalice e inicie un proceso disciplinario en el Gobierno, por la “respuesta verbal” que habría recibido el Instituto Nacional de Derechos Humanos, al oficio donde la institución advertía que no podían seguir acreditando pensiones de gracia.
Fue la directora del INDH, Consuelo Contreras, quien durante una entrevista se refirió a un oficio que enviaron a La Moneda en septiembre del 2022, donde se le informó al Presidente Gabriel Boric sobre las complejidades de seguir acreditando las afectaciones de los postulantes a acceder a las pensiones. Oficio que nunca obtuvo respuesta formal y que según la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, “se abordó de manera presencial”.
Lo anterior, a juicio de los diputados, “atenta contra la transparencia y el control de los actos del Gobierno que ejerce la Cámara de Diputados, lo que en el caso en cuestión no sólo es relevante desde la perspectiva del control político, en tanto conocer a cabalidad el cruce de declaraciones entre al Gobierno y el Instituto Nacional de Derechos Humanos parece fundamental para el éxito de investigaciones criminales que ya inició de oficio la Fiscalía”.
Por lo mismo, los parlamentarios solicitaron a la Contraloría dictar instrucciones sobre el tema e iniciar un procedimiento disciplinario, si así lo estimare, recabando el testimonio del Presidente Boric, la ministra del Interior y quienes consideren necesario. Asimismo, se solicitó al CPLT, que fiscalice y formule recomendaciones para perfeccionar la transparencia en la gestión.
Al respecto, la diputada y subjefa de la bancada RN, Marcia Raphael, señaló que “este es el gobierno de la opacidad, que no sólo no cumple sus deberes de información para con la Cámara de Diputados, sino que además ahora quiere imponer la tesis de la verbalidad para escapar de los deberes de transparencia y evitar el escrutinio público y la fiscalización parlamentaria. Esto no es una cuestión baladí, es algo grave que debe ser revisado y sancionado”.
Por su parte, el jefe de bancada, Frank Sauerbaum, agregó que “el Consejo para la Transparencia (CPLT) y la Contraloría deben hacer algo por terminar con un accionar que atenta contra la transparencia y por tanto tiene eco en la probidad y en el control al que debe estar sometido el gobierno en todo régimen democrático. En este caso, esta práctica poco democrática representa una barrera contra el control político y una investigación criminal, y en eso le cabe una responsabilidad al propio Presidente”.
