Los diputados Carla Morales y Juan Carlos Beltrán solicitaron además que determine responsabilidades y requiera informe, entre otros, del Ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, ya que 17.828 menores en riesgo y que han sufrido maltrato y abusos quedan a la deriva.
«Juventud, divino tesoro». Tres palabras que hemos escuchado infinidad de veces y que incluso hemos pronunciado. Pero lo cierto es que el «divino tesoro» a veces termina siendo hipotecado por aquellos que tienen la obligación y deber de resguardarlo.
Es lo que ha pasado con el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Mejor Niñez, que en julio pasado autorizó el segundo concurso público de proyectos para la línea de acción intervenciones, ambulatorias de reparación y línea de acción diagnóstica clínica especializado. Cuatro meses después, el mismo servicio invalida el concurso ante la supuesta existencia de errores en la etapa de evaluación de los proyectos.
El monto entre la línea de acción de intervenciones ambulatorias de reparación en 106 comunas, con una cobertura de 16.728 niños y adolescentes y la línea de acción de diagnóstico clínico con presencia territorial en 9 comunas para una cobertura de 1.100 niños suman más de 70 mil millones de pesos.
Cuatro meses perdidos y que tras tomar conocimiento de la falta de protección, cuidado y seguimiento de casos en que nuestros niños, niñas y adolescentes se han visto vulnerados en sus derechos, llevaron a que los diputados de Renovación Nacional, Carla Morales y Juan Carlos Beltrán, acudieran a la Contraloría General de la República.
Cabe recordar que los menores, en muchos casos han sufrido maltrato, abusos de carácter sexual, de consumo de alcohol, están en situación de calle o bien abandonaron el sistema educacional.
De ahí que los parlamentarios de Renovación Nacional soliciten a la CGR que fiscalice y vele por la preeminencia del principio de probidad administrativa, así como por la eficiencia y eficacia que deben informar los actos de la administración del estado. Producto de lo anterior, los parlamentarios solicitaron se «requiera la información necesaria tanto del ministro de Desarrollo Social y Familia, don Giorgio Jackson Drago, como de la Directora (s) Nacional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, doña Gabriela Muñoz Navarro y demás personas que estime conveniente» con el objeto re abarca antecedentes e instruir un sumario administrativo destinado a aclarar y determinar la legalidad y legitimidad de este accionar».
Cinco son los programas de protección especializada (por conductas abusivas de caracter sexual, consumo problemático de alcohol, reinserción educativa, menores en situación de calle y maltrato y abuso sexual grave) que fueron afectados, algunos de los cuales debían aplicarse en 106 comunas, es decir, casi un tercio de las existentes a nivel nacional.
«Esa es la magnitud del error, y por ello se debe investigar y sancionar a los culpables», concluyeron los diputados de Renovación Nacional.
