Tras tomar conocimiento del “lapidario” informe de Contraloría que realizó una auditoría al proceso de otorgamiento de pensiones de gracia a personas afectadas en las manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019, los diputados de Renovación Nacional, Andrés Longton, José Miguel Castro y Diego Schalper instaron a la autoridad a revocar las 58 pensiones mal otorgadas por el Presidente Boric a la brevedad.
Dentro de las conclusiones más impactantes de la auditoría, el ente contralor pudo verificar que “58, de las 419 personas beneficiadas con una pensión, tienen antecedentes penales por condenas, con resultado de multa, prisión y reclusión o presidio, incluidos delitos violentos. En efecto, se tuvo a la vista antecedentes que dan cuenta de beneficiarios que tienen más de 10 condenas, por diversos tipos penales, entre los cuales se advierten delitos de estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros”.
Además, “se constató que 19 expedientes de beneficiarios a la pensión de gracia en estudio, remitidos por el INDH a la entidad auditada para su evaluación, no presentaban antecedentes médicos, o bien, los respaldos correspondían a certificados médicos poco legibles, sin diagnóstico, o con una fecha anterior a octubre de 2019, los cuales fueron presentados por el DAS a la Comisión Especial Asesora, sin que se hayan efectuado otras gestiones para su validación”.
Lo que a juicio de la Contraloría “incumple los principios de control, eficiencia, eficacia, responsabilidad y trasparencia…”.
Se establece también que, “tanto la Subsecretaría del Interior como el INDH deberán iniciar un proceso disciplinario con el objeto de investigar y perseguir las eventuales responsabilidades administrativas en los hechos descritos, debiendo remitir el acto administrativo que le da inicio y designa fiscal: en el plazo de 15 días hábiles contado desde la recepción de este documento”.
El diputado Andrés Longton, presidente de la Comisión de Seguridad e integrante de la Comisión Investigadora que estudió los antecedentes relacionados con el procedimiento y criterios para otorgar pensiones de gracia, recordó que: “Esto lo dijimos hace mucho tiempo, pero el gobierno tuvo que esperar el informe de Contraloría para renunciar a esa complicidad que tiene con el octubrismo, que tiene con la violencia desatada que se dio en el contexto del estallido social y que dejó a mucha gente sin sus fuentes laborales y afectó la vida de muchas familias. Son cientos de millones de pesos que están siendo despilfarrados por el Estado, que son recursos públicos de todos los chilenos”.
Asimismo, Longton llamó al Presidente Boric a reevaluar su gabinete, para así hacer valer las responsabilidades políticas por las pensiones mal otorgadas: “Mientras tenemos más de 4.000 carabineros lesionados, tenemos delincuentes que siguen recibiendo pensiones de gracia. Y por eso le decimos al gobierno que esto no se puede quedar así, que tienen que poner cargos a disposición, porque si no, la sensación que ya está instalada en todo el país es que estas pensiones de gracia a delincuentes fueron otorgadas con complicidad por parte del gobierno y también de los miembros del INDH que no tuvieron ni la más mínima diligencia para poder verificar que estas personas eran realmente víctimas y no delincuentes”.
Por su parte, el diputado José Miguel Castro sumó que “estamos analizando también darle celeridad al proyecto de ley que justamente podría acelerar este tema de las pensiones de gracia y también algo muy importante, que no se judicialice, porque perfectamente podría estar pensando el gobierno, vamos, lo hacemos de forma administrativa, pero esto se judicializa y por lo tanto nos lavamos las manos”.
“De esta forma, si es que no se resuelve el tema rápidamente en estas 58 pensiones, vamos a darle celeridad a este proyecto. Y por lo demás, vamos a pedir todos los antecedentes de las personas sobre cuál es el grado de contacto que tienen con los distintos partidos de aprueba de dignidad, tanto el Partido Comunista como del Frente Amplio. Estamos seguros que nos vamos a llevar más de alguna sorpresa en estas 58 pensiones”, agregó el diputado por Antofagasta.
Mientras que su par, y también integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana, Diego Schalper señaló que “la continuidad del subsecretario del Interior está en entredicho”*.
Y en esa línea argumentó que “el gobierno tiene que aclarar cuándo tuvo en su poder la información que hoy día aporta la Contraloría que deja clara la gravedad de las pensiones de gracia que se han entregado. ¿Por qué es importante ese momento? Porque identificado el momento en que se tuvo acceso a esta información, el informe es del 13 de diciembre del año pasado, hay que ver qué hicieron a partir de ahí. Todavía lo que sigue arriba de la mesa es que el Presidente va a revocar, haciendo algo que dijimos desde el primer minuto que podía hacer, pero hasta aquí no ha hecho”.
Finalmente, Schalper dijo que “Lo que aquí estamos presenciando es de tal gravedad, especialmente porque tenemos que formarnos una opinión acabada sobre cuál ha sido el manejo de información que ha hecho el gobierno que me parece que la continuidad del subsecretario del Interior está en entredicho”
