Además, solicitan disponer de proceso disciplinario y sanciones si se comprueban faltas a la probidad.
Santiago Centro es un tema recurrente en las noticias. En especial con lo que se llama “crónica roja”. Ejemplos hay muchos, pero los más cercanos en el tiempo los encontramos en la última quincena de diciembre. Un guía turístico apuñalado por defender a un grupo de turistas de un asalto; una histórica incautación de ropa falsificada en el Barrios Meiggs; y una madre y sus dos hijos muertos en un incendio provocado por una persona que lanzó una bomba molotov contra la casa que habitaban.
Los dos últimos casos fueron la semana pasada, misma en que la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, convocó el jueves 22 a una centena de vecinos de la comuna a una jornada para “dar a conocer la reforma de pensiones” y que contó, además, con la presencia de las ministras Camila Vallejo y Jeanette Jara, vocera de Gobierno y del Trabajo, respectivamente. La grave situación incluso fue catalogada por la Cámara Nacional de Comercio y Turismo, con la siguiente frase: “Caminar por el centro de Santiago es lo más parecido a una suerte de tour por el Far West”.
Para los diputados de Renovación Nacional, doctora María Luisa Cordero, Miguel Becker y Bernardo Berger, la convocatoria realizada por Hassler a un “Diálogo ciudadano sobre proyecto de ley del nuevo Sistema de Pensiones” estaría fuera de las potestades de un municipio. “Estos parlamentarios desean manifestar su inquietud en relación a la legalidad del gasto y a la eventual infracción del principio de probidad”, señalan en el oficio enviado al Contralor General de la República, a quien piden investigar esta situación.
Tanto Cordero, como Becker y Berger, destacan que Irací Hassler pasó a llevar el principio de probidad administrativa. Principalmente, porque a un municipio no le corresponde llevar a cabo convocatorias para dar a conocer, en este caso, una reforma que aún está siendo discutida en su “primer trámite legislativo” en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados.
La doctora María Luis Cordero afirmó que “la alcaldesa no solo desatiende necesidades urgentes de una comuna que está atravesando la crisis de seguridad e insalubridad más grave de las últimas décadas, sino que dispone arbitraria y políticamente de instalaciones municipales para actividades en las que militantes de su partido entregan una visión parcial y sesgada de una reforma que genera grandes dudas y que no ha pasado ni siquiera el trámite de comisión (del Trabajo).
En esa línea detallan que la convocatoria fue sesgada, porque la alcaldesa Hassler (PC) citó, además de Vallejo y Jara -ambas de militancia comunista – a la jefa de la división de organizaciones sociales, Javiera Hausdorf (PC). En la instancia participaron también las parlamentarias Alejandra Placencia (PC) y Emilia Schneider (oficialista), entregando una sola visión del cambio de sistema de pensiones que pretende llevar adelante el Gobierno de Gabriel Boric.
Mientras que Miguel Becker dijo que Hassler “tiene problemas más importantes de los cuales ocuparse, y que son sustantivamente más relevantes para sus vecinos. Andar preocupada de facilitar el aparataje municipal para publicitar una reforma que ni siquiera ha sido votada en comisión, no solo es inaceptable, sino que colisiona contra la legalidad y la probidad que debe informar la función pública”.
Bernardo Berger coincidió en que los municipios deben satisfacer necesidades sociales, “y no destinar esfuerzos y recursos para sostener al Gobierno. Acá estimamos hay faltas a la probidad producto de un uso irregular de personal, recursos y dependencias municipales, junto con una desconexión total de las demandas de los santiaguinos que, en muchos casos, están prefiriendo emigrar de la comuna producto de la suciedad y la delincuencia”.
El oficio señala que el acto llevado adelante por la jefa municipal podría verificar “un uso ilegal de recursos públicos destinado a favorecer la agenda legislativa del Gobierno”, lo que derivaría en una “infracción especial a la probidad administrativa”.
Finalmente, se pide a la CGR que solicite los antecedentes al municipio por el acto realizado, disponga “los procesos disciplinarios que con ocasión de lo resuelto pudieren proceder, aplicando sanciones a los responsables que aún se desempeñen en la Administración Pública”.
